Estas preguntas se utilizarán para guiar la deliberación en grupos de la sesión "Diálogo entre Consejeros y filósofos" del foro Mejores Empresas, Mejor Democracia

Las deliberaciones coincidieron en que la incorporación de sistemas de inteligencia artificial no puede considerarse una cuestión exclusivamente tecnológica, sino una decisión estratégica que afecta al conjunto de la organización y que, por tanto, debe ser asumida y liderada por los órganos de gobierno. Los participantes señalaron que corresponde al Consejo de Administración definir el marco dentro del cual se desarrollarán e implantarán estas tecnologías, estableciendo criterios, responsabilidades y límites que permitan compatibilizar la innovación con los valores y principios de la organización.

En este sentido, se defendió que el papel del Consejo consiste en delimitar el “campo de juego” en el que operará la inteligencia artificial, definiendo las reglas, procedimientos y mecanismos de supervisión necesarios para garantizar un uso coherente con la estrategia empresarial y con los compromisos éticos de la compañía. La adopción de sistemas de IA fue entendida como una decisión de negocio que no puede delegarse exclusivamente en áreas técnicas o tecnológicas.

Diversos participantes destacaron la importancia de explicitar estos criterios mediante documentos de referencia que orienten la actuación de la organización. Entre las propuestas planteadas figuró la elaboración de manifiestos o marcos de actuación que incorporen principios relacionados con la calidad, la confidencialidad, la seguridad y la ética, proporcionando orientaciones claras sobre los usos aceptables y los límites que la organización desea preservar.

La necesidad de mantener una coherencia entre los principios declarados y las decisiones efectivamente adoptadas apareció como otro de los elementos centrales de la discusión. Los participantes señalaron que los mensajes trasladados por la dirección respecto al papel de la inteligencia artificial deben ser consistentes con las prácticas de la organización. Si la IA se presenta como una herramienta de apoyo a las personas, las decisiones posteriores deben reforzar esa visión para generar confianza y credibilidad dentro de la compañía.

Otro de los temas que suscitó un amplio consenso fue la importancia de preservar el juicio humano en los procesos de decisión. Aunque los participantes reconocieron la utilidad de la inteligencia artificial para automatizar tareas y mejorar la eficiencia, insistieron en que la responsabilidad última no puede ser delegada en los algoritmos. La capacidad de discernimiento, especialmente en situaciones complejas o con implicaciones relevantes para las personas, debe seguir recayendo en responsables humanos.

Desde esta perspectiva, se planteó la necesidad de diferenciar entre aquellas decisiones que pueden automatizarse y aquellas que requieren necesariamente intervención humana. Algunos participantes señalaron que la inteligencia artificial puede gestionar de manera eficaz procesos rutinarios o de baja complejidad, mientras que los casos con consecuencias significativas para clientes, empleados o ciudadanos exigen un nivel de valoración y responsabilidad que no puede ser asumido exclusivamente por sistemas automatizados.

Las deliberaciones también abordaron las condiciones necesarias para que los Consejos de Administración puedan ejercer de manera efectiva esta función de supervisión y control. Entre las medidas más mencionadas destacó la formación. Los participantes consideraron fundamental que tanto los consejeros como los equipos directivos comprendan las capacidades, limitaciones y riesgos asociados a la inteligencia artificial, de modo que puedan adoptar decisiones informadas y ejercer adecuadamente sus responsabilidades de gobierno.

Junto a la formación, se señaló la conveniencia de complementar el conocimiento interno con asesoramiento especializado. Algunos participantes propusieron la creación de consejos asesores o comités externos integrados por expertos en tecnología, transformación digital y ética, capaces de aportar una visión actualizada sobre una materia que evoluciona a gran velocidad.

Asimismo, se destacó la importancia de desarrollar estructuras específicas de gobernanza que permitan supervisar de manera continuada el funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial. La creación de comités especializados, la definición de niveles de control técnico y funcional, el seguimiento periódico de los resultados obtenidos y la revisión constante de los algoritmos fueron algunas de las herramientas identificadas para asegurar que las decisiones adoptadas se mantengan alineadas con los criterios establecidos por la organización.

Por último, varios participantes señalaron que la velocidad de evolución de estas tecnologías obliga a los órganos de gobierno a revisar periódicamente sus decisiones y a mantener una actitud de aprendizaje continuo. La definición del límite ético no fue concebida como un ejercicio puntual, sino como un proceso dinámico que exige vigilancia permanente, capacidad de adaptación y disposición para corregir decisiones cuando las circunstancias así lo requieran.

En conjunto, las deliberaciones apuntaron a que la capacidad de los Consejos de Administración para sostener el límite entre lo técnicamente posible y lo moralmente aceptable dependerá de una combinación de liderazgo, formación, estructuras de gobernanza adecuadas y mantenimiento del juicio humano en aquellas decisiones que afectan de forma significativa a las personas y a la sociedad.

Las deliberaciones pusieron de manifiesto la complejidad de gobernar la inteligencia artificial en un entorno internacional caracterizado por la creciente competencia geopolítica y por la existencia de marcos regulatorios muy diferentes entre regiones. Los participantes coincidieron en que los Consejos de Administración se enfrentan al reto de preservar la competitividad de sus organizaciones sin renunciar a los principios éticos, sociales y democráticos que orientan su actuación.

Una de las cuestiones más debatidas fue el impacto de la regulación europea sobre la capacidad competitiva de las empresas. Diversos participantes señalaron que Europa opera en un contexto significativamente distinto al de otras grandes potencias tecnológicas, particularmente Estados Unidos y China. Esta situación genera preocupación acerca de si los requisitos regulatorios europeos pueden acabar situando a las empresas del continente en una posición de desventaja frente a competidores sometidos a menores exigencias normativas.

No obstante, la discusión no se centró únicamente en la cantidad de regulación, sino también en su calidad y capacidad de adaptación. Los participantes subrayaron que la velocidad de evolución de la inteligencia artificial supera con frecuencia los ritmos tradicionales de elaboración normativa. En este contexto, consideraron especialmente relevante avanzar hacia modelos de regulación capaces de ofrecer seguridad jurídica sin obstaculizar la innovación. Para organizaciones que operan en sectores altamente regulados, el desafío no consiste únicamente en cumplir la normativa vigente, sino también en desarrollar mecanismos que permitan demostrar dicho cumplimiento de manera eficaz y transparente.

Las conversaciones derivaron también hacia una reflexión más amplia sobre el papel de los valores en un entorno competitivo global. Algunos participantes plantearon si la apuesta por determinados principios éticos y regulatorios constituye realmente una ventaja competitiva o si, por el contrario, puede generar costes adicionales difíciles de sostener frente a competidores sometidos a estándares menos exigentes. Esta cuestión dio lugar a un debate sobre la tensión que puede surgir entre los deberes de los consejeros de velar por la sostenibilidad y competitividad de la empresa y, al mismo tiempo, mantener compromisos éticos que forman parte de su identidad y de las expectativas de la sociedad.

En este marco, se abordó también el riesgo de que las diferencias regulatorias entre jurisdicciones generen incentivos para buscar ventajas competitivas mediante el desplazamiento de actividades hacia entornos más favorables. Algunos participantes establecieron paralelismos con fenómenos conocidos en otros ámbitos, como la competencia fiscal entre países, y señalaron la importancia de que los órganos de gobierno ejerzan una supervisión adecuada sobre este tipo de prácticas. Desde esta perspectiva, la diligencia exigible a los Consejos de Administración debe extenderse también a los riesgos asociados al uso de datos, a la localización de infraestructuras tecnológicas y al cumplimiento de los distintos marcos regulatorios internacionales.

Las deliberaciones plantearon igualmente interrogantes sobre cómo deben responder las organizaciones a un entorno geopolítico cada vez más complejo e incierto. Algunos grupos se preguntaron hasta qué punto los Consejos de Administración deben adaptar continuamente sus estrategias a los cambios del contexto internacional o, por el contrario, mantener una orientación estable basada en principios y objetivos de largo plazo. La cuestión fue formulada como una tensión entre la necesidad de reaccionar con agilidad ante cambios rápidos y la importancia de preservar una dirección estratégica coherente.

Asimismo, surgieron reflexiones sobre la evolución del equilibrio económico global y la aparición de nuevos actores con creciente relevancia internacional. Los participantes señalaron que las empresas deberán desarrollar una comprensión cada vez más amplia de los distintos entornos regulatorios y políticos en los que operan, incorporando a sus análisis mercados y regiones cuya influencia económica continuará creciendo en las próximas décadas.

Junto a estas preocupaciones, algunos participantes identificaron también posibles efectos positivos derivados de la expansión de la inteligencia artificial. Se planteó que determinadas herramientas podrían contribuir a reducir barreras de entrada y facilitar que organizaciones más pequeñas accedan a capacidades tecnológicas que anteriormente estaban reservadas a grandes corporaciones. Desde esta perspectiva, la IA podría actuar como un factor de nivelación competitiva en determinados sectores.

Finalmente, las deliberaciones reafirmaron que la responsabilidad de los Consejos de Administración no puede limitarse exclusivamente a la maximización de resultados económicos. Los participantes defendieron que las empresas mantienen una responsabilidad social y democrática que debe seguir orientando las decisiones relacionadas con el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. En este sentido, se destacó la importancia de preservar principios como la no discriminación, la transparencia y el respeto a las personas, incluso en un contexto internacional caracterizado por marcos regulatorios y prioridades políticas muy diferentes.

En conjunto, la discusión puso de manifiesto que la gobernanza de la inteligencia artificial exige a los Consejos de Administración navegar entre exigencias potencialmente contrapuestas: la competitividad empresarial, el cumplimiento normativo, la adaptación a un entorno geopolítico cambiante y la preservación de los valores que sustentan la legitimidad social de la empresa.